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La corrupción es inherente al sistema político nacional, permite concluir la abrumadora oleada de denuncias que empezó a trascender de la colaboración judicial de Odebrecht, conglomerado empresarial encabezado por la mayor constructora de Brasil.

Pero es una conclusión sesgada, que diluye responsabilidades personales y favorece la impunidad. Tanto políticos que recibieron sobornos como los empresarios que las ofrecieron se dijeron forzados por las reglas del juego, unos para suplir desventajas electorales, otros como única vía para obtener contratos públicos.

Setenta y siete dirigentes y exdirigentes de Odebrecht aceptaron revelar lo que saben de la delictuosa relación que mantuvieron con los políticos en los 10 últimos años, por lo menos. Se estima que unos 200 parlamentarios y gobernantes están en su lista de “beneficiarios”.


“El drama de los 10 últimos años, en todo el mundo como denunció el papa Francisco, es que las empresas secuestraron la democracia y financian la elección de sus candidatos. En las últimas elecciones de Brasil gastaron 6.000 millones de reales (1.900 millones de dólares) en donaciones legales”: João Pedro Stédile.


“Una corrupción implacable siempre estuvo presente en la historia de Brasil, desde su origen colonial. Lo que pasa ahora es que se destapó el calderón, el choque de por primera vez enjuiciar a gente de poder”, resumió Roberto Livianu, Promotor de la Justicia del estado de São Paulo y presidente del Instituto No Acepto Corrupción.

El destape se debe a la operación “Lava Jato”, iniciado en marzo de 2014 por una investigación del Ministerio Público Federal (fiscalía general) y Policía Federal sobre operaciones ilegales de cambio de un grupo que usaba como fachada a una red de gasolineras con autolavado de vehículos, motivo del nombre.

La operación creció al identificar la desviación de abultadas sumas de los grandes proyectos del grupo petrolero estatal Petrobras, a través de la complicidad entre directores de esa petrolera, políticos y empresas que conquistaron grandes negocios públicos.

Miles de millones de dólares artillaron las campañas electorales de los grandes y medianos partidos para eternizarlos en el gobierno, consagraron coaliciones y persuadieron parlamentarios a aprobar leyes y enmiendas de interés de las empresas donantes.

Esa fisiología del sistema político se desnudó por la colaboración, llamada “delación premiada” por rendir reducción de penas, de decenas de involucrados, multiplicados desde diciembre por la adhesión, de un solo golpe, de los 77 de Odebrecht.

La operación Lava Jato descarriló ese tren.

“Es la luz en el fin del túnel, instituye un nuevo paradigma de investigaciones con el trabajo integrado de varios órganos en fuerzas-tarea”, celebró Livianu, reconociendo sin embargo muchos desafíos por delante, para un combate efectivo a la corrupción.

“El gran obstáculo es el foro privilegiado”, destacó a IPS, refiriéndose a la prerrogativa de muchas autoridades de ser investigados y juzgados exclusivamente por tribunales superiores.

“Sin ese foro ya estarían presos hoy los senadores Renán Calheiros, Edson Lobão y Romero Jucá”, ejemplificó. Los tres fueron ministros en gobiernos anteriores y siguen con importantes funciones de liderazgo en el parlamento, aunque respondan a decenas de procesos por corrupción, demorados en el Supremo Tribunal Federal (STF).

Son más de 50.000 miembros del parlamento, del gobierno y el Poder Judicial beneficiados por “ese resquicio monárquico único en el planeta, anacrónico e insustentable”, a ser abolido con urgencia, según el fiscal.

Es necesario también una reforma política para corregir “el alejamiento entre representantes y representados y un Congreso que legisla en causa propia y no para el bien común, sin respetar la sociedad”, acotó.

Un ejemplo de ese “desprecio por el pueblo” fue la desfiguración en la Cámara de Diputados de una propuesta del Ministerio Público firmada por dos millones de electores, con diez medidas para fortalecer el combate a la corrupción, votada con profundas alteraciones en la madrugada del 30 de noviembre.

El Instituto No Acepto Corrupción, asociación “apartidista” fundada en 2015 por ciudadanos de variadas formaciones en São Paulo, busca acumular conocimiento y fomentar buenas prácticas “para derrumbar la cultura de la corrupción”.

“La corrupción siempre existió en Brasil”, concuerda João Pedro Stédile, economista y uno de los coordinadores del izquierdista Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST).

Pero esa realidad histórica, en su visión, se debe a “una parte de la clase dominante que siempre se apropió de recursos públicos para sus familias y empresas, además de evadir impuestos y disfrutar de créditos en los bancos oficiales y que luego dejan de pagar”.

“Las grandes empresas deben a la previsión social más de 420.000 millones de reales (más de 13.000 millones de dólares)”, ejemplificó en su diálogo con IPS.

“El drama de los 10 últimos años, en todo el mundo como denunció el papa Francisco, es que las empresas secuestraron la democracia y financian la elección de sus candidatos. En las últimas elecciones de Brasil gastaron 6.000 millones de reales (1.900 millones de dólares) en donaciones legales”, sin contar las ocultas, apuntó.

“De eso resultó muchos gobernadores y amplia mayoría parlamentaria netamente conservadores, a servicio de los intereses del capital”, sostuvo.

Por ello, según él, enjuiciar corruptos, en un intento de encarcelarlos, nada resuelve, aunque sea positivo.

“La solución sería una reforma política profunda, que devuelva al pueblo el derecho de elegir sus verdaderos representantes, sin influencia del poder económico. El actual Congreso legislativo, corrupto, no hará esa reforma”, reconoció Stédile, pregonando la movilización popular para reclamar una Asamblea Constituyente.

“Esa movilización aún no ocurre porque el pueblo, atónito, escucha diariamente denuncias sobre corrupción en la televisión, sin reaccionar”, lamentó a IPS.

La fuerte repercusión de Lava Jato acentúa la dimensión política de la corrupción y visiones partidarias. Fue bandera de la derecha en la movilización por destituir la ahora expresidenta Dilma Rousseff en 2016, aunque ella no esté involucrada en los escándalos, pero sí dirigentes de su izquierdista Partido de los Trabajadores (PT), moralista en sus orígenes.

A la izquierda interesa debilitar la operación, que tiene como uno de sus principales blancos al expresidente Luiz Inacio Lula da Silva (2003-2007), esperanza de vuelta del PT al poder como virtual candidato presidencial en las elecciones de 2018, si una condena judicial no lo hace inelegible.

Pero los blancos más numerosos y poderosos son hoy los parlamentarios de la coalición gobernante, los 20 partidos que apoyan al presidente conservador Michel Temer, especialmente el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), con ministros y varios senadores bajo investigación o ya enjuiciados.

Ese cuadro generó una confrontación entre los poderes Judicial y Legislativo. La decisión del STF, el 7 de marzo, de enjuiciar al senador Valdir Raupp, del PMDB, por sospecha de lavado de 500.000 reales (156.000 dólares) donados por una constructora, agravó el conflicto.

La donación, registrada en el tribunal electoral, es legal para los parlamentarios. Pero el STF reconoció indicios de que se trata de dinero desviado de contratos con Petrobras.

Esa “exageración” aceleró iniciativas del Senado y la Cámara de Diputados, donde se estudian proyectos para impedir la “criminalización” de esas donaciones y amnistiar los actuales investigados incluso por la llamada “caja dos”, de contribuciones no declaradas, informó Antonio de Queiroz, un director del Departamento Intersindical de Asesoría Parlamentaria.

El esfuerzo legislativo busca tolerancia para el uso electoral incluso de dinero ilegal, distinguiéndolo de coimas para enriquecimiento personal. Es inaceptable porque “burla las reglas, golpea la democracia”, condenó Livianu.

 

Uruguay espera este año la llegada de unos 18.000 inmigrantes de países del Mercosur y asociados, de los cuales unos 2.340 vendrán de Venezuela.

Desde la toma de posesión de Donald Trump los observadores especializados y los ciudadanos en general han estado esperando (en vano según el sector escéptico) que el discurso del nuevo presidente se hubiera moderado y ajustado de acuerdo con la experiencia del pasado.

El presidente Vázquez explicó en conferencia de prensa desde Finlandia detalles de la marcha de las negociaciones con la empresa UPM, originaria de ese país europeo, para la proyectada instalación de una segunda planta de producción de pasta de celulosa, que en caso de concretarse será la tercera en Uruguay.

Domingo, 19 Febrero 2017 23:54

Vázquez en Finlandia

Vázquez y Niinistö destacaron excelentes relaciones bilaterales y expresaron preocupación por incertidumbre mundial

El acuerdo de seguridad social firmado beneficiará a más de 50 mil uruguayos que trabajan en Estados Unidos y 6 mil residentes de esa nacionalidad en Uruguay. El convenio permitirá que los aportes y los años laborales para acceder a la jubilación que realizan los trabajadores residentes en uno de los países se computen en el otro y se sumen los años de labor.

Tras la eliminación de la política “Pies secos, pies mojados”, que permitía la entrada legal a todos los cubanos que tocaran tierra estadounidense o llegaran a la frontera,  estos pierden una de sus ventajas migratorias frente a otros inmigrantes, pero aún les quedan otras.

Luego de 26 años de gobiernos democráticos, finalmente Chile cuenta con una ley de estándares internacionales, que tipifica la tortura como delito, pero que aún no es suficiente para alcanzar el anhelado “nunca más” a juicio de especialistas en derechos humanos.

El ruido de televisiones encendidas, pregones de vendedores y las conversaciones en alta voz, regresaron a los barrios y pueblos de Cuba tras nueve días de duelo oficial por la muerte de Fidel Castro, que hicieron reflotar viejos interrogantes sobre el futuro entre la población.

Con el paulatino retorno a la vida cotidiana, los cubanos se enfrentan a la pregunta de qué pasará en la isla caribeña después de convertirse en real el 25 de noviembre el fallecimiento de su gobernante por 53 años, tras falsos rumores al respecto en los 10 años en que el fundador de la Revolución estuvo enfermo y alejado del poder.

“Si Fidel hubiera muerto en 2006, cuando enfermó gravemente, la situación pudo ser caótica, de mucha inestabilidad política”, dijo a IPS la editora de libros Ileana García, de 70 años, sobre el futuro ahora que desde el domingo 4 sus cenizas reposan en un mausoleo de piedra en la ciudad de Santiago de Cuba, en el oriente del país.

A su juicio, “la vida le concedió a él y a su hermano (el presidente Raúl Castro) la posibilidad de armar una transición tranquila, ordenada y dentro de los canales institucionales, que se mantendrá a corto plazo”.

Fidel Castro pasa a la historia local como la figura que más años comandó los destinos de este país caribeño, algo que hizo como primer ministro desde 1959 hasta 1976, y luego como presidente del Consejo de Estado y de Ministros, cargo que ocupó desde ese mismo año hasta 2008.

Y todo parece indicar que hasta su deceso era consultado por su hermano, al frente del país desde que Fidel enfermó, sobre “las decisiones de especial trascendencia”, principalmente las relacionadas con la defensa, la política exterior y la economía nacional.

Para ello, Raúl Castro, de 85 años, recibió la aprobación del parlamento cubano en su investidura como presidente, el 24 de febrero de 2008. El mandatario ha indicado que se retirará al cumplir 10 años, en febrero de 2018,  aunque analistas especulan que se mantendrá al frente del gobernante Partido Comunista de Cuba, el único legal aquí.

“Las nuevas generaciones no piensan igual que sus predecesoras. Tienen nuevas aspiraciones, como siempre ha sido, y desean que el país abra nuevos horizontes”, dijo Enrique López Oliva, profesor de historia de las religiones de la Universidad de La Habana.

Para él, Cuba entra ahora “en una nueva etapa, marcada por una renovación generacional”. “Ya esta generación culminó un proceso histórico”, indicó a IPS en referencia a la generación a la que pertenecen los Castro, conocida en la isla como la de los “históricos”, porque emprendieron una revolución.

Sin embargo, López Oliva alertó de obstáculos como la “brusca” reacción por la muerte de Fidel del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, que amenazó con romper las relaciones diplomáticas bilaterales, restablecidas el 20 de julio de 2015, por el saliente mandatario, Barack Obama.

“En vez de contribuir a cambios positivos y democráticos, esa postura (de Trump) puede obstaculizarlos y hasta frenarlos, pues da pretexto a que los sectores internos más inmovilistas entorpezcan el proceso de cambios en Cuba”, sopesó el investigador, que vive en La Habana.

 

Y la economía sigue siendo el punto más débil del país, más ahora que sufre la peor crisis desde la debacle de 1991, cuando perdió a su principal socio comercial y financiero con la extinción de la Unión Soviética y el bloque socialista del este europeo.

“Aunque Fidel estuviera vivo, la situación caótica de la economía iba a acelerar los cambios en el país. Si Trump cumple lo que dice, el panorama se volverá aún más crítico”, analizó un economista cubano, que pidió mantener su nombre bajo reserva. “En 2017 se espera menos crecimiento que en 2016”, ya muy débil, presagió.

Maritza López, una profesora de enseñanza primaria, compartió que espera “continuidad, pero también más cambios que mejoren la situación económica y se logre un socialismo próspero y sostenible”. “Raúl (Castro) hizo cambios muy importantes pero insuficientes para la economía”, valoró.

 

Interpretada por observadores como un gesto que busca la continuidad pero también cambios, más de seis millones de los 11,2 millones de habitantes del país suscribieron, en 286 lugares habilitados para este fin, la definición de Revolución dictada por Fidel Castro el primero de mayo de 2000.

Con su nombre y firma, esas personas juraron, entre el 28 y 29 de noviembre, “ser fieles seguidoras” y cumplir con el planteamiento que, entre otras ideas, define a la Revolución como “sentido del momento histórico” y “cambiar todo lo que debe ser cambiado”.

Grabado en letras doradas en una pared de hormigón, el concepto integra el monumento erigido para depositar la urna con las cenizas de Fidel Castro, en el cementerio de Santa Ifigenia, al lado del mausoleo donde reposan los restos del héroe de la Independencia José Martí.

Con un hueco excavado en el centro y protegido por una lápida donde está inscrito solo el nombre de Fidel, el monumento funerario consiste en un monolito de granito, con más de 2.400 kilogramos y procedente de un yacimiento en el complejo montañoso de la Sierra Maestra, donde de joven comandó la guerrilla que lo llevó al poder.

Las cenizas llegaron al cementerio el sábado 3, luego de recorrer más de 1.000 kilómetros por ciudades y pueblos de 13 de las 15 provincias cubanas, desde el 30 de noviembre. Los funerales incluyeron vigilias en cada lugar donde pernoctó el cortejo y dos despedidas masivas, en la capital y en Santiago, la segunda ciudad del país.

Durante los nueve días de duelo oficial, la radio y la televisión, todas estatales, solo transmitieron contenidos históricos, patrióticos y escasas noticias nacionales e internacionales. Los comercios estatales y hasta los crecientes negocios privados debieron interrumpir la venta de bebidas alcohólicas.

Las personas que colocaron música a alto volumen y desoyeron la advertencia de los agentes policiales, fueron penadas con el decomiso de los reproductores y multas por 1.500 pesos cubanos, equivalentes a 60 dólares, en un país donde el salario estatal promedio es de apenas 23 dólares mensuales.

“La muerte de Fidel volvió a llevar a los cubanos a la década del 60”, estimó Santiago Sánchez, un académico que se radicó este año en Estados Unidos. “La polarización ideológica se mostró casi igual” que en los inicios de la revolución radicalizada socialista en 1961, valoró el especialista en historia, de 34 años.

“Unos celebraron la muerte de Fidel en Miami (ciudad estadounidense), para mí una demostración de muy mal gusto. Y otros en Cuba hicieron manifestaciones exageradas. Ambas son parte del pasado”, comentó a IPS por correo electrónico.

Miami es el epicentro de la diáspora cubana desde el triunfo de la Revolución, y en Estados Unidos viven dos millones, entre personas nacidas en la isla y descendientes de ellas.

Las autoridades cubanas se aprestan a convertir en ley la voluntad del fallecido comandante en jefe de que “su nombre y su figura nunca fueran utilizados para denominar instituciones, plazas, parques, avenidas, calles u otros sitios públicos, ni erigir en su memoria monumentos, bustos, estatuas y otras formas similares de tributo”.

En su discurso fúnebre, el sábado 3, Raúl Castro anunció en Santiago de Cuba que la propuesta legislativa será presentada en la próxima sesión del parlamento, prevista para este mismo mes.

Con aportes de Patricia Grogg, desde La Habana.

 

«La comunidad de inteligencia ha concluido que el objetivo de Rusia era favorecer a un candidato y no a la otra, es decir, ayudar a Trump a resultar elegido. Ese es el consenso», dijo un funcionario estadounidense anónimo.

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